A lo largo de las Américas, las mujeres están siendo encarceladas en proporciones alarmantes. Estados Unidos es reconocido como el país que encarcela a más personas que cualquier otro en el mundo, incluyendo a mujeres. En América Latina, leyes punitivas sobre drogas son el factor que impulsa el encarcelamiento de las mujeres. Hay datos disponibles que muestran que en gran número de países de América Latina, la mayoría de las mujeres en prisión lo están por delitos menores y no violentos relacionados con drogas. Otras mujeres en América Latina son privadas de su libertad por intentar acceder a abortos, por sufrir abortos espontáneos o por delitos no violentos como hurtos. En algunos países, del 40 al 50 por ciento de estas personas se encuentran en detención preventiva, donde pueden languidecer durante años antes de presentarse ante un juez. Mientras dura el encierro, estas mujeres viven en condiciones deplorables, en prisiones diseñadas para hombres, separadas de sus familias y sus seres queridos.

La mayoría de las mujeres que actualmente están o han estado encarceladas se enfrentan a dificultades casi infranqueables. Muchas de estas mujeres provienen de situaciones de pobreza y desigualdad generalizadas, tienen bajos niveles de educación, y son subempleadas o desempleadas. Además, algunas tienen antecedentes de trauma y abuso, y la mayoría de ellas son responsables por el sustento de sus hijos y otros integrantes de la familia. Ellas no representan una “amenaza” a la sociedad y aun así sufren las peores consecuencias de las políticas punitivas – con graves consecuencias para ellas, sus seres queridos y sus comunidades.

La prisión sólo sirve para empeorar esta situación, dado que los antecedentes penales limitan las oportunidades de encontrar empleo y vivienda dignos tras ser puestas en libertad. Mucho después de cumplir sus condenas, siguen enfrentando estigma y discriminación – y las mujeres enfrentan aun mayor estigma que los hombres privados de su libertad, pues se considera que desafían los roles de género que les son asignados por la sociedad. Pese a estas dificultades, las mujeres que han estado encarceladas se vienen congregando a lo largo de la región para tender puentes de solidaridad, organizarse y propugnar el cambio.

En colaboración con nuestras contrapartes, el proyecto de WOLA sobre mujeres y encarcelamiento viene apoyando el desarrollo de un movimiento regional y de base comunitaria entre mujeres que han sufrido encarcelamiento y sus familias en América Latina. Además, tomamos parte en acciones de incidencia para cambiar las políticas prevalentes que resultan en una criminalización y encarcelamiento excesivo, incluyendo las leyes punitivas de drogas. Nuestra meta consiste en reducir dramáticamente el número de mujeres encarceladas en América Latina.

WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), y Dejusticia con apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, convocan a un grupo de trabajo sobre mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento, compuesto por expertos y activistas en derechos humanos y políticas sobre drogas, representantes de organizaciones feministas, y algunas autoridades gubernamentales. El grupo de trabajo ha sido clave para colocar el tema del creciente encarcelamiento de mujeres en la agenda de políticas a nivel nacional, regional e internacional. Por último, buscamos crear un entorno que favorezca el diálogo, la reforma y la construcción de un movimiento.

Conocer al grupo de trabajo

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Para ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo, por favor comuníquese con press@wola.org.