Género y políticas de drogas: enfoques innovadores frente a las leyes de drogas y el encarcelamiento

En todo el continente americano, las políticas de lucha contra las drogas no han influido de forma significativa en el comercio de las mismas, mientras que la corrupción y la delincuencia organizada siguen prosperando. Por otro lado, estas dañinas políticas de drogas afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las mujeres pobres, que a menudo entran en el comercio de drogas por desesperación, falta de oportunidades, y bajo coerción. La encarcelación de estas mujeres, atrapadas en un círculo vicioso, solo exacerba su situación de vulnerabilidad y causa estragos entre sus familias y comunidades.

Enfoques innovadores globales destaca varios programas y reformas jurídicas de todo el mundo que promueven políticas de drogas más eficaces y humanas. Los ejemplos incluyen alternativas al encarcelamiento para aquellas personas que han cometido delitos de drogas menores y no violentos, reformas de políticas públicas, y programas sociales y de salud. Muchos de los ejemplos, además, analizan programas específicamente adaptados a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Aunque las características concretas de cada experiencia son distintas, el objetivo de todas es reducir las tasas de encarcelamiento, proteger los derechos humanos, abordar los problemas de salud pública relacionados con el consumo de drogas, y ayudar a las personas a volver a la comunidad tras salir de prisión.

Cada uno de estos enfoques innovadores presenta información básica sobre el contexto en el que se ha desplegado y una descripción del programa o la reforma, además de un apartado que repasa los resultados obtenidos. En este sentido, es importante señalar que, si bien algunas de las experiencias seleccionadas en esta serie se han sometido a un riguroso proceso de examen, otras carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo una evaluación formal. Sin embargo, los ejemplos que se presentan han dado muestra de unos resultados alentadores.

Pese a lo prometedor de los programas presentados, estos no deberían ir en detrimento de una reforma más amplia de las políticas de drogas. No obstante, a falta de reformas más exhaustivas, estas experiencias de referencia pueden ser de ayuda a las comunidades que se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, exclusión social, consumo de drogas, participación en el comercio ilícito de drogas, y encarcelamiento.

La serie Enfoques innovadores globales es una herramienta que acompaña a la publicación Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe y es parte del proyecto Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento llevado a cabo por WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia, y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.

¿Cómo incorporar una perspectiva de género en las políticas de drogas? La experiencia de Uruguay

La política de drogas de Uruguay se basa en los principios de los derechos humanos, la salud pública, y el género. La política prevé el uso de un Fondo de Bienes Decomisados para apoyar programas con una perspectiva de género gestionados por el gobierno y algunos ONG, y centrados en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, y la reinserción social. Estos diversos programas han logrado reducir las tasas de reincidencia, de dependencia de drogas, y de desempleo entre mujeres que han salido de prisión.

La reducción del encarcelamiento de mujeres a través de reformas a la legislación sobre drogas en Costa Rica

En 2011, Costa Rica revisó la ley nacional de drogas para integrar en ella una mayor proporcionalidad de las penas y una perspectiva de género. La reforma redujo la duración de las penas de cárcel entre las mujeres vulnerables acusadas de introducir drogas en prisión. El programa benefició en un primer momento a 150 mujeres, que fueron liberadas de inmediato. Todas procedían de un contexto de pobreza, tenían un escaso nivel educativo, carecían de oportunidades laborales, y, en la mayoría de los casos, eran cabezas de familia con varios menores a cargo. La reforma no solo las benefició a ellas, sino a toda la familia.

La red interinstitucional para la atención integral de mujeres vinculadas a un proceso penal en Costa Rica

En 2014, Costa Rica puso en marcha un programa a través de la Defensa Pública que busca alejar a las mujeres en situación vulnerable del sistema judicial penal y derivación hacia servicios de asesoría, tratamiento de drogas, y formación laboral. Las necesidades de cada mujer se determinan caso por caso, de manera que se desarrolla un plan de acción adaptado a cada una de ellas. Los objetivos del programa consisten en reducir la reincidencia y ayudar a las mujeres a recuperar sus derechos y dignidad..

Reducir el encarcelamiento de mujeres: la experiencia del indulto nacional de 2008 en Ecuador

En 2008, frente a la crisis de hacinamiento de las cárceles en el país, Ecuador indultó a más de 2.300 personas condenadas por delitos menores de drogas, el 30% de las cuales eran mujeres. El indulto tuvo un efecto positivo inmediato en lo que atañe a la reducción de la población penitenciaria especialmente en la prisión de mujeres, El Inca. Sin embargo, esto fue solo un resultado transitorio, a falta de una verdadera reforma de las leyes de drogas del país, que finalmente tuvo lugar en 2014.

Dos pasos adelante, un paso hacia atrás: la proporcionalidad de las penas en Ecuador

En 2014, Ecuador aprobó un nuevo código penal que garantiza penas más proporcionales para delitos de drogas, al establecer distintos umbrales según los niveles de tráfico. La reforma redujo de manera drástica las penas por delitos menores de drogas y dio lugar a la puesta en libertad de más de 446 mujeres. Sin embargo, un año después, Ecuador dio un paso atrás, y rebajó de forma significativa los umbrales de lo que se considera una escala de tráfico mínima, mediana, y alta.

Organizando para los encarcelados y sus familias: el caso de ACIFaD en Argentina

ACIFaD es una ONG argentina que apoya a los familiares de personas encarceladas, facilitándoles grupos y redes de apoyo, y asistiendo a las familias que tienen necesidades o preguntas concretas con respecto a su familiar en prisión. ACIFaD aboga por reformas penitenciarias en Argentina y se dedica a la sensibilización de los problemas a los que se enfrentan los niños y niñas con un padre o madre en prisión. ACIFaD ha prestado asistencia a más de 7.000 personas con un familiar encarcelado.

JusticeHome: Alternativas al encarcelamiento para derribar barreras y apoyar a las familias

JusticeHome es un programa de alternativa al encarcelamiento en la ciudad de Nueva York, EE.UU., que se centra exclusivamente en las mujeres. En lugar de ir a prisión, algunas mujeres pueden permanecer en casa con su familia y recibir el apoyo de un trabajador social para acceder a servicios de tratamiento de drogas, de salud mental, y clases de crianza y de habilidades para la vida. Además de tener un costo notablemente inferior al del encarcelamiento, JusticeHome ha conseguido reducir de forma considerable las tasas de reincidencia.

Derivación hacia mecanismos fuera del sistema de justicia penal: El programa “LEAD” en los Estados Unidos

El programa “LEAD” en EE.UU. ofrece una alternativa al encarcelamiento. En lugar de enviar a determinadas personas que han cometido un delito de drogas o que se dedican al trabajo sexual al sistema de justicia penal, son derivadas al programa LEAD. Mientras en el programa reúne con un trabajador social quien puede remitirlas a un centro de tratamiento de drogas, un hogar para vivir, y otros servicios sociales y de salud. Los estudios de evaluación del programa han concluido que ha ayudado a reducir las tasas de reincidencia, y que los participantes tienen más probabilidades de encontrar empleo y vivienda.

Mujeres organizadas para proteger sus derechos humanos: El Proyecto Safe en Filadelfia, Estados Unidos

El Proyecto SAFE es una organización comunitaria estadounidense formada por mujeres que se dedican al trabajo sexual y que usan drogas, con el fin de ofrecer recursos y material de reducción de daños, así como promover el bienestar de algunas de las mujeres más estigmatizadas y en una situación más vulnerable en Filadelfia, Pennsylvania. SAFE también mantiene un diálogo con las autoridades locales, ejerce presión, y organiza peticiones contra proyectos de ley que podrían marginar aún más a las personas a quienes representa.

Una alternativa a la detención preventiva: El programa de libertad supervisada de Nueva York en la Isla Rikers

El programa de “Libertad supervisada de Manhattan”, puesto en marcha en 2013 en la ciudad de Nueva York, ofrece una alternativa a la detención preventiva y permite que determinadas personas sigan trabajando y viviendo en casa con sus familias mientras esperan el juicio. El programa ha reducido en gran medida el número de personas en situación de vulnerabilidad económica en detención preventiva, y se ha disminuido en las personas participantes las probabilidades de recibir una pena de prisión.

"Ban the Box": Hacia la reducción de los efectos negativos de los antecedentes penales en los Estados Unidos

“Ban the Box” es una iniciativa en EE.UU. que anima a los estados y municipios a adoptar legislación para evitar que los empleadores soliciten información sobre antecedentes penales a las personas candidatas a un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección. La iniciativa se basa en el hecho de que, si una persona llega al final de un proceso de selección, es más probable que sea contratada, a pesar de que tenga antecedentes penales. Por lo tanto, la iniciativa “Ban the Box” facilita que personas con antecedentes pueden encontrar un empleo después de salir de prisión.

El modelo portugués de descriminalización del uso de drogas

En 2001, Portugal descriminalizó el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal. En lugar de enfrentarse a un proceso penal, las personas son derivadas a una Comisión de Disuasión de la Toxicodependencia, un órgano administrativo integrado por expertos en salud, trabajadores sociales y profesionales jurídicos que ayuda a que las personas participantes aborden los problemas relacionados con su uso de drogas. Esta política no solo ha mantenido a las personas fuera de prisión, sino que también ha reducido de manera significativa el estigma, la discriminación, y los daños a la salud.

Hacia una mayor proporcionalidad en la determinación de sentencias relacionadas con drogas en el Reino Unido

En 2011, el Reino Unido reformó las directrices nacionales para imponer penas por delitos relacionados con drogas, en un esfuerzo por garantizar sanciones más proporcionadas. Los jueces deben ahora valorar si la persona que ha cometido el delito ha desempeñado un rol “de liderazgo”, “significativo”, o “menor” en el comercio de drogas, y tener en cuenta situaciones de vulnerabilidad, además de las cantidades de drogas implicadas en el caso. La reforma se ha traducido en penas más proporcionales, en especial para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad que participan como “correos humanos”.

Eliminando las Barreras Para el Reingreso: La Reforma de Antecedentes Penales en Costa Rica

Los antecedentes penales constituyen una barrera significativa para las personas anteriormente encarceladas que buscan empleo y desean volver a reasumir sus vidas normales. La ley 9361, aprobada en enero de 2017, reformó el registro de la corte en Costa Rica2, proporcionando una opción para que los antecedentes penales sean eliminados del registro. La opción de borrar los antecedentes penales se basa en criterios que toman en cuenta la duración de la sentencia, la infracción cometida y, cuando sea relevante, la “situación de vulnerabilidad” de la persona delincuente.

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